La mortalidad más evitable en Argentina
Hace algunos días,el periódico argentino Página 12 informó que Argentina es el único país del Cono Sur que presenta una tendencia ascendente de la mortalidad materna entre 1990 y 2010. Esta información surge de un informe global que acaba de publicarla OMS,UNICEF,UNFPA y el Banco Mundial. Esto es preocupante,sobre todo teniendo en cuenta que se señala como principal causa directa de mortalidad materna,a las consecuencias derivadas de los abortos inseguros,practicados en la clandestinidad.Y acá queremos detenernos para plantear una cuestión que nos preocupa y de sobremanera: el aborto,uno de los temas más difíciles de tratar sin causar susceptibilidades entre los distintos sectores.Aborto: realidad y saludEl aborto dejará de ser un delito el día que,en razón del principio de legalidad,quede excluido del Código Penal argentino. En el entretanto y estemos o no de acuerdo con la figura y sus alcances,el aborto es un delito para el ordenamiento. Pero tal figura reconoce situaciones de excepción como la contemplada en el artículo 86 incisos 1 y 2 del Código Penal argentino,según el cual el aborto no es punible “si el embarazo proviene de una violación o de un atentado al pudor cometido sobre una mujer idiota o demente” y cuando el aborto sea practicado “con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y si este peligro no puede ser evitado por otros medios”.La dificultad en la interpretación de este supuesto llevó a un fallo a finales de marzo dela Corte Supremade Justicia del cual se desprende que la práctica del aborto no está supeditada a la cumplimentación de ningún trámite judicial y los profesionales de la salud deben practicarlo en condiciones médicas seguras y sin dilaciones de ningún tipo. La víctima de violación,o en su caso su representante,deben manifestar ante el profesional tratante por medio de una declaración jurada,que el ilícito –la violación- es la causa del embarazo. Este fallo es un antes y un después,puesto que el Estado,como garante de la administración de la salud pública,tiene el deber de que,cuando concurran las mencionadas circunstancias,el aborto sea practicado en condiciones medicas e higiénicas necesarias para llevarlo a cabo de manera rápida,accesible y segura,sin poner en riesgo la salud o la vida de la madre.Pero más allá del caso del aborto de las mujeres que fueron violadas,creemos que el debate debe profundizarse. No sin antes exigir a las autoridades la necesaria implementación efectiva a nivel nacional de planes de educación sexual,comenzando por la instrucción a la población sobre los métodos anticonceptivos,garantizando también su distribución libre y gratuita en los hospitales públicos y privados de todo el país; educación a nivel escolar primaria y secundaria sobre salud sexual y reproductiva y sobre género y violencia.¿Por qué la profundización? De acuerdo con informes publicados hace algunos meses,por lo menos,un tercio de la población conoce a alguna mujer que haya abortado alguna vez en Argentina. No es un dato menor. Y esto demuestra que la prohibición y la penalización del aborto no hace que esta práctica disminuya,por el contrario: no solo que no disminuye,sino que además al ser prácticas ilegales y clandestinas se pone a la mujer en situación de total desprotección,desamparo y sobre-estigmatización,algo evidentemente reflejado en este informe que comentamos.La Organización Mundial de la Salud y el Instituto Guttmacher confirmaron que al año 2008 la tasa de aborto en América Latina –donde casi todos los países restringen fuertemente el aborto- era de 32 por cada 1.000 mujeres en edad fértil,en tanto que en Europa Occidental,donde el aborto es generalmente permitido bajo amplias condiciones,dicha tasa es de apenas 12 por 1.000.La falta de educación sexual y reproductiva hace también proliferar toda serie de prejuicios,además una falsa creencia por parte de la sociedad con respecto al aborto: el tener que acudir a esta practica- en la mayoría o casi todos los casos- conlleva una decisión difícil por parte de la mujer. Asimismo,debemos por fin entender el hecho que,en caso que la práctica sea despenalizada no significa que sea obligatorio para todas las mujeres,sino que quien tenga que recurrir a practicarse uno,lo pueda hacer en buenas condiciones. Y parafraseando a lo dicho en la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,Seguro y Gratuito: se debe brindar educación e información para poder decidir,brindar acceso a los anticonceptivos para no abortar,y en caso que -desgraciadamente- haya que recurrir a la interrupción del embarazo,que sea legal y seguro para no morir.Cumplir con los Objetivos del MilenioLa Argentina en el año 2000 suscribió los Objetivos de Desarrollo del Milenio,los cuales significan compromisos asumidos a nivel internacional. Con este panorama poco alentador,“Mejorar la salud materna” será el único objetivo de desarrollo que nuestro país no va a poder cumplir en el plazo límite previsto para el 2015. Ese compromiso en números se traduce en la necesidad de reducir en tres cuartos la tasa de mortalidad materna con relación a 1990. Teniendo en cuenta que dicha tasa es la cantidad de mujeres que mueren durante el embarazo y el parto por cada 100.000 nacidos vivos,Argentina debiera reducir tasa a trece por cada cien mil nacidos vivos,cuando la realidad indica que para 2010 tuvieron lugar 77 muertes de mujeres cada 100 mil nacidos vivos.Sin perjuicio de ello,vale destacar que la Ciudad de Buenos Aires y las provincias de Jujuy,Río Negro y Tierra del Fuego presentaron un avance en la materia,pero en otras provincias -entre ellas Formosa,Chaco,La Rioja y Misiones- sucedió exactamente lo inverso,aumentando significativamente el número de muertes. En países como Brasil,Costa Rica,Uruguay y Chile,la tendencia es descendente. El riesgo de morir por causas relacionadas con el parto,el embarazo o el puerperio,para una mujer a lo largo de toda su vida es de uno entre 910 y 2200,dependiendo el país. Mientras que en la Argentina ese riesgo es de uno en 560.Las políticas que no alcanzanEn el entendimiento de que la mortalidad materna es un indicador claro de la injusticia social,la inequidad de género y la pobreza,vinculado a dificultades en el acceso a los servicios de atención médica especializados que requiere una mujer embarazada,el Estado Nacional ha implementado medidas tendientes a reducir esta situación que afecta tanto a las madres como a los niños recién nacidos. El Programa Materno Infantil Plan Nacer que depende del Ministerio de Salud de la Nación se inició en el año 2005 en las provincias del Noreste y Noroeste Argentinos,y en 2007 se expandió a todo el país.El objetivo central de dicha política es la protección materno infantil, exigiéndole a la mujer embarazada la realización obligatoria de la prueba de embarazo, cinco controles completos, examen odontológico, análisis de sangre y orina, dos dosis de vacuna doble en el embarazo y una de vacuna doble viral luego del parto, dos ecografías y recibir información sobre el cuidado durante el embarazo. Esta serie de controles, permite que, en caso de ser necesario, la madre pueda ser derivada a otros médicos especialistas que aseguren un desarrollo normal del niño.La Administración Nacional de la Seguridad Social ha ampliado la cobertura de la Asignación Universal por Hijo (AUH) a las mujeres embarazadas desde la semana 12 de gestación hasta el nacimiento o interrupción del embarazo,a través de la Asignación por Embarazo para Protección Social. La medida que comenzó a regir el 1° de mayo de 2011,abarca a las mujeres embarazadas que están desocupadas; a las monotributistas sociales; a las que se desempeñan en la economía informal o en el servicio doméstico y perciben un salario igual o inferior al salario mínimo vital y móvil. Finalizado el embarazo la mujer deberá acreditar el cumplimiento de todos los controles realizados conforme lo previsto en el Plan Nacer.Pero todo esto no es suficiente hasta que no tomemos conciencia que la mortalidad materna no es un tema que se reserva solamente a la cuestión médica. Se trata claramente también de un problema social, íntimamente relacionado con la pobreza y la marginación. Es una cuestión que se traduce en malas políticas de salud pública, donde las fallas se centran en el acceso y en la calidad de los servicios de atención materna que son ofrecidos a la población.El mejor aliado de la mortalidad materna es el silencio,pasando a ser las víctimas seres invisibles,sólo recordadas por sus seres queridos o se convierten en números de estadística,llenando espacios en largas listas de recopilación. Y este es un tema que debemos discutir a viva voz,en Argentina y en la región.AutorasFlorencia Guijo y Mariana Rodríguez Pareja. Ambas son abogadas. Florencia es Columnista y Mariana dirige el Área de Derechos Humanos de Asuntos del Sur (@AsuntosdelSur)