Los argumentos opositores contra la Ley de Medios

Por Marcos López Beltritti

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual parece ser el tema político del mes. Pero es mucho más que eso, porque es una de las leyes más importantes en una democracia: regula cómo se informan los ciudadanos.

Pero también regula quiénes lo hacen: en las últimas décadas se han formado grandes conglomerados de medios, con el grupo Clarín a la cabeza: el diario de mayor tirada del país, los prestadores de televisión por cable más importantes de Buenos Aires, un canal de aire, varias señales de cable, y una red de radios y canales de televisión diseminados por todo el país.

El gobierno decidió, finalmente, impulsar un proyecto varias veces anunciado y otras tantas dejado de lado. Sin embargo, ya pasaron cinco años de la redacción de los 21 Puntos básicos por el derecho a la comunicación, utilizados como principio de la ley. El encargado de redactarla fue el Interventor del COMFER, Gabriel Mariotto.

Pero ahora le falta la parte más difícil: el Congreso. Hasta hace poco más de un año, las más polémicas leyes enviadas por el Poder Ejecutivo eran aprobadas por abultadas mayorías en ambas cámaras.

Sin embargo, el gobierno no perdió sólo la votación por la resolución 125, aquella sobre las retenciones a la soja: también deshizo el apoyo de buena parte de la opinión pública, reflejado en las elecciones de junio pasado.

El resultado: desde diciembre, el oficialismo no tendrá, ni con sus aliados, los votos necesarios para aprobar leyes sin negociar con la oposición. Por eso, viene trabajando a contrarreloj en medidas como las facultades delegadas, recientemente aprobadas. En ese contexto legislativo, aparece el proyecto de Ley de Medios.

El bloque del Frente para la Victoria parece abroquelado detrás del proyecto. En las últimas horas, algunos bloques de la centro-izquierda se mostraron dispuestos a acompañar la iniciativa oficial, después de que la Presidenta decidiera quitar del proyecto la posibilidad de que las empresas de telefonía entraran en la distribución de la televisión por cable.

La oposición más dura pide más cambios al proyecto. La Coalición Cívica (CC), el radicalismo y Unión-Pro cuestionan el poco tiempo para debatir el plan: apenas dos o tres semanas, desde que entró al Congreso. Todos estos bloques han sido acusados de respaldar las posiciones de los oligopolios multimediáticos.

“Sería importante que nos tomemos el tiempo necesario para discutir el resto de las cuestiones”, afirmó el jefe de la bancada de la CC en la Cámara baja, Adrián Pérez, luego de la exclusión de las telefónicas.

Otro punto central es la Autoridad de Aplicación: según la oposición, la nueva ley dejaría en manos del Gobierno de turno la mayor parte de los poderes para controlar a los medios y para distribuir licencias. Lo que se pide es que sea un órgano amplio, con representación parlamentaria y de las provincias.

Al cierre de esta edición, Diputados debatía el proyecto, luego de que las comisiones que trataron el proyecto incluyeran una modificación en la Autoridad de Aplicación en medio de insultos cruzados y denuncias de irregularidades en el trámite parlamentario por parte de la presidenta de la Comisión de Libertad de Expresión, la radical Silvana Giudici.

Aunque se especuló con que el Poder Ejecutivo cedería la mayoría en el nuevo órgano que regiría el otorgamiento y el control de las licencias, la oposición sigue considerando que el kirchnerismo contará con el poder de decisión en el organismo.

En este sentido, el presidente de la UCR Gerardo Morales afirmó, luego de la decisión presidencial de eliminar el punto sobre las telefónicas, que “la libertad de expresión no puede quedar en manos del poder político o económico” y que a su entender “permanece una fuerte injerencia del poder político a través de la autoridad de aplicación; el sistema de asignación o caducidad de licencias, y el defensor del público, entre otros puntos“.

Unión-Pro es un caso aparte: una de sus figuras claves, Francisco De Narváez, es dueño del multimedio que maneja América TV, su señal de noticias por cable, Radio América, El Cronista Comercial, entre otros. Federico Pinedo, presidente del Bloque en Diputados, aseguró que el oficialismo busca decidir “quiénes serán los dueños de los medios por los próximos veinte años”.

El Partido Socialista (PS) se ubica en una posición intermedia, cercana a la de la diputada electa por el Acuerdo Cívico y Social Margarita Stolbizer. Si bien rechazan el proyecto oficial y plantean cambios importantes, Rubén Giustiniani, Senador nacional y presidente del PS, afirmó que “el 10 de diciembre se transforma en la coartada de quienes no quieren debate y de quienes no quieren ley".