Apunten contra los pueblos originarios
No solo por el milagro de los mineros de Copiapó es noticia Chile. Más de treinta aborígenes mapuches presos están en huelga de hambre desde el pasado mes de julio para pedir el fin de la ley antiterrorista, sancionada por la dictadura de Augusto Pinochet, que criminaliza su reclamo de tierras ancestrales.En diciembre de 1977, sólo cuatro años después de que el ejército chileno con Pinochet a la cabeza derrocara al gobierno constitucional de Salvador Allende, un grupo de aborígenes incendió tres camiones pertenecientes a la Compañía Forestal Arauco, que estaban transportando madera de territorios reivindicados como propios por los mapuches. A partir de allí, la intendencia de la Región de la Araucanía presentó una serie de recursos para que la Justicia aplique la ley anteriormente mencionada.Pero ¿Qué es la ley antiterrorista 18.314?Esta normativa define las conductas terroristas y fija las penas que corresponden a cada acto. Según el texto de la ley, un crimen de estas características se comete “con la finalidad de producir en la población o en una parte de ella el temor justificado de ser víctima de delitas de la misma especie”. Además, señala que “se presumirá la finalidad de producir dicho temor en la población en general, salvo que conste lo contrario, por el hecho de cometerse el delito mediante artificios explosivos o incendiarios, armas de gran poder destructivo, medios tóxicos, corrosivos o infecciosos u otros que pudieren ocasionar grandes estragos”.Las condiciones de detención a las que son sometidos los activistas mapuches son pésimas, habiéndose denunciado en varias ocasiones que fueron sometidos a torturas similares a las que se realizan en la cárcel de Guantánamo. Una de estas formas es la privación del acceso a la luz solar, lo que provoca en la persona la perdida de la noción del tiempo y la alteración del ciclo sueño-vigilia.En julio, los 34 indios mapuches presos y acusados de terroristas iniciaron una huelga de hambre que, en los últimos días, se radicalizó cuando decidieron dejar de ingerir líquidos para pasar al ayuno total. Esto provocó la reacción del gobierno nacional, que llevó a la Corte de Apelaciones de la ciudad de Concepción a autorizar a la Gendarmería a alimentar por la fuerza a los manifestantes.
La desigualdad con que la justicia chilena determinó ciertas penas dependiendo del origen del acusado es evidente. Por un lado, los aborígenes que, sin pruebas concretas en su contra, son condenados a más de 10 años de prisión. Por el otro, los acusados del caso Spiniak (Un sonado escándalo que saco a la luz una red de prostitución infantil y abuso de menores en los que estuvieron implicados empresarios y políticos chilenos) recibieron, en el caso de las penas más duras, cinco años de prisión.Pero no sólo con leyes heredadas de la dictadura pinochetista son perseguidos los mapuches. Son varios los casos de gatillo fácil que enlutaron sus comunidades, no sólo durante el gobierno militar sino también en democracia. El último de estos casos fue el de Jaime Mendoza Collio, un joven de 24 años, asesinado por la espalda por un efectivo de las Fuerzas Especiales de Carabineros mientras participaba de un proceso de recuperación de tierras. Otro caso que cobró notoriedad en Chile fue el de Matias Catrileo, quien en enero de 2008 también fue asesinado por los Carabineros durante un intento de toma de un fundo agrícola.Las muestras de solidaridad llegaron desde varios puntos de Latinoamérica. Los presidentes de Bolivia y Paraguay (Evo Morales y Fernando Lugo respectivamente) visitaron Chile con motivo de los festejos por el Bicentenario trasandino y aprovecharon la ocasión para reclamar una rápida solución al conflicto. En Argentina el escritor e historiador Osvaldo Bayer, la titular de Madres de Plaza de Mayo (Línea Fundadora), Nora Cortiñas y el sindicalista Hugo Yaski pidieron a la diplomacia latinoamericana presionar al gobierno de Sebastian Piñera para que derogue la ley antiterrorista por la que los mapuches se encuentran en prisión.Claro que teniendo en cuenta los vínculos del presidente chileno con varias de las empresas que explotan las áreas reclamadas por los pueblos originarios, es difícil vislumbrar una solución al final del camino. En declaraciones públicas sobre el tema, Piñera afirmó que las demandas de juicio justo han sido atendidas, por lo que las huelgas de hambre no son justificadas. “Han equivocado el camino” afirmó el primer mandatario. Las mismas palabras que usó para definir los últimos días del gobierno de Allende. Es que al parecer, para Piñera, pensar distinto es equivocar el camino.AutorIgnacio Genisignacio@medioslentos.com